Cuando hablamos de una representación legislativa al servicio de la ciudadanía, no sólo nos referimos a normas y políticas: también hablamos de cómo se usan los recursos públicos, cómo se organiza internamente el Congreso y si eso se traduce en resultados reales para la gente.
En el Perú, la tendencia reciente muestra una institución cada vez más costosa, con beneficios amplios para sus miembros y equipos, mientras que la población percibe que la productividad legislativa y la representación territorial real no han mejorado en la misma proporción.
Un Congreso con gasto creciente y poco retorno
El presupuesto del Congreso de la República ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años.
Según un análisis transparente de datos públicos, el presupuesto del Parlamento peruano pasó de aproximadamente S/ 589 millones en 2021 a más de S/ 1 400 millones en 2025, con proyecciones que indican que podría superar los S/ 1 700 millones en 2026.
Este crecimiento no es un simple número: implica más gastos en personal, asesores, comisiones y funcionamiento interno, mientras sectores como educación, salud y seguridad que afectan directamente la vida diaria de la población siguen enfrentando brechas de financiamiento importantes.
Más asesores, más gasto y más comisiones
Gran parte del aumento de gastos se explica por la expansión de personal y comisiones internas: en 2025 el Congreso tenía más de 3 600 trabajadores entre asesores, técnicos y personal de apoyo, lo que casi duplicó el gasto en personal respecto a 2021.
Este crecimiento ha sido acompañado de la creación de múltiples comisiones especiales, con sus respectivos equipos técnicos y asesores, muchas de las cuales no siempre tienen productividad legislativa clara o resultados tangibles para la ciudadanía.
Actividades cuestionadas y gastos que saltan a la prensa
El dominical Cuarto Poder y diversos medios han revelado cómo el Congreso ha utilizado recursos públicos para gastos que parecen estar lejos de su función principal:
- Más de S/ 5,7 millones en viáticos sólo para asesores durante semanas de representación entre enero de 2024 y julio de ese año, incluso cuando las jornadas se realizaron en Lima o de forma virtual.
- Más de S/ 567 mil en “eventos institucionales” que incluyeron celebraciones, sesiones fotográficas o homenajes organizados por los propios congresistas, algunos sin relación directa con funciones legislativas claras.
- Registros de solicitudes de viáticos incluso cuando las actividades de representación se realizan por Zoom o dentro de Lima, lo que ha sido calificado por especialistas como una duplicidad de recursos.
Estas prácticas no sólo levantan cuestionamientos de austeridad, sino que contrastan con las realidades que viven miles de familias en las provincias del país.
Sueldos, bonificaciones y beneficios
Un congresista peruano tiene un sueldo base significativo, además de bonificaciones y asignaciones adicionales además de sus funciones:
- El sueldo mensual base está alrededor de S/ 15 600, al que se suman bonificaciones por representación y funcionamiento que pueden elevar considerablemente el ingreso total mensual.
- Los congresistas además pueden asignar cantidades importantes de recursos para asesores y personal de apoyo, con paquetes salariales y viáticos que superan lo que reciben muchos profesionales del sector privado.
¿Qué significa esto para la gente?
Para quienes viven en provincias como Cañete, Huacho, Huaral o Yauyos, esto tiene impacto real:
- En lugares donde las brechas de acceso a servicios básicos, salud y educación son evidentes, ver un Parlamento con gasto creciente y cuestionamientos sobre transparencia genera frustración y distancia entre la población y su representación institucional.
- Mientras los hogares ajustan sus presupuestos ante inflación y brechas salariales, el crecimiento del gasto congresal sin resultados legislativos visibles refuerza la percepción de que el Congreso está desconectado de las prioridades ciudadanas.
¿Qué tiene que cambiar?
El reto no es sólo recortar gastos: es alinear el gasto público congresal con funciones y resultados concretos que beneficien a la ciudadanía.
Un paquete de medidas esenciales sería:
✳️ Austeridad y transparencia
- Revisar y transparentar cada rubro de gasto.
- Eliminar pagos injustificados de viáticos o asignaciones cuando no exista actividad sustantiva.
✳️ Evaluar el rendimiento del Legislativo
- Medir la productividad de las comisiones y de los propios congresistas.
- Publicar indicadores de impacto legislativo vinculados a resultados sociales (por ejemplo, leyes que mejoran la vida en provincias).
✳️ Priorizar el gasto en representación real
- Que los recursos de representación se utilicen para atender necesidades reales de las regiones, no actividades simbólicas o innecesarias.
✳️ Rendición de cuentas periódica
- Informes públicos regulares sobre cómo se gastan los recursos, con accesibilidad para toda la ciudadanía.
Entonces
Un Congreso con más gasto no necesariamente es un Congreso más eficaz.
Si el Parlamento no traduce sus recursos en leyes, supervisión efectiva y representación territorial real —especialmente para quienes viven fuera de Lima centro—, entonces el modelo de gasto actual no cumple con lo que diariamente exigen ciudadanos y ciudadanas.
La democracia exige transparencia, responsabilidad y coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.
Un Congreso que prioriza privilegios por encima de resultados deja de poner primero a la gente.
El Congreso vuelve a blindar sus privilegios. En diciembre 2025, cada parlamentario recibió hasta S/46,900 entre pagos acumulados, gratificaciones y bonos especiales.
Incluso los ya conocidos “mochasueldos”, “cortauñas” «Chihuan» y otros legisladores cuestionados accederán sin reparos a estos beneficios. Y para rematar, está el caso del expresidente de Alejandro Soto, quien se quejaba públicamente de que su salario no le alcanzaba, asegurando que “él no ganaba una millonada”, cuando solo en diciembre cualquier parlamentario cobrará casi S/47 mil.
Los montos se reparten así:
S/15,600 por sueldo mensual
S/15,600 por gratificación
S/11,000 de bono congresal
S/2,800 por semana de representación
S/1,900 de aguinaldo vía tarjeta de consumo
Todo suma casi S/47 mil solo en diciembre, una cifra que contrasta brutalmente con la vida real de los peruanos, la mayoría sin aguinaldo, sin bonos y muchos sin estabilidad laboral. Y eso que el negocio no es el sueldo, sino los negociados por debajo de la mesa.