¿Qué modifica la Ley 31989?
La Ley N.º 31.989 introduce cambios que reducen y limitan facultades del Ministerio Público y otras entidades en la persecución de la minería ilegal, especialmente en el marco de la interdicción y medidas preventivas.
En términos prácticos:
- Se restringen herramientas de acción rápida.
- Se reducen márgenes de intervención.
- Se incrementan barreras procesales.
En un país donde la minería ilegal opera con estructuras criminales organizadas, cada limitación importa.
El contexto: un problema nacional
Según datos del Ministerio del Ambiente y organismos internacionales:
- La minería ilegal ha devastado miles de hectáreas en la Amazonía.
- Genera economías paralelas vinculadas a lavado de activos.
- Está asociada a trata de personas y explotación laboral.
- Contamina ríos con mercurio, afectando salud pública.
En regiones como Madre de Dios, Loreto y parte de la sierra sur, la minería ilegal no es marginal:
es una economía criminal estructurada.
¿Por qué la rapidez es clave?
La interdicción contra minería ilegal funciona bajo un principio básico:
Actuar rápido antes de que:
- Se trasladen campamentos.
- Se destruyan pruebas.
- Se movilicen equipos.
- Se reorganicen redes.
Cuando la ley introduce más restricciones o debilita la capacidad fiscal, el mensaje es claro:
El Estado reacciona más lento.
Y el crimen organizado aprende rápido.
La dimensión penal y económica
La minería ilegal no es solo un delito ambiental.
Es:
- Evasión tributaria.
- Lavado de activos.
- Corrupción de funcionarios.
- Trata de personas.
- Violencia territorial.
Debilitar herramientas contra esta actividad no afecta solo árboles.
Afecta:
- Competencia formal.
- Ingresos fiscales.
- Seguridad regional.
- Derechos humanos.
Sesgo cognitivo: “eso pasa lejos, en la selva”
Muchos ciudadanos urbanos creen que la minería ilegal es un problema distante.
Pero el mercurio contaminando ríos:
- Entra a la cadena alimentaria.
- Impacta salud pública.
- Genera costos sanitarios que paga todo el país.
El lavado de activos proveniente del oro ilegal:
- Distorsiona mercados.
- Financía redes criminales.
- Infiltra economías locales.
La minería ilegal no es periférica.
Es sistémica.
¿Quiénes son los más afectados?
Las comunidades indígenas y poblaciones rurales con menos presencia estatal.
Cuando se debilita la capacidad de acción:
- Se pierde control territorial.
- Se incrementa violencia.
- Se deterioran fuentes de agua.
- Se generan economías dependientes de ilegalidad.
Quienes tienen recursos pueden mudarse.
Quienes no, se quedan respirando contaminación.
El riesgo estructural
Si la ley:
- Reduce herramientas.
- Aumenta barreras procesales.
- Limita capacidad fiscal.
Se produce un efecto acumulativo:
Más tiempo para reorganizar redes.
Más margen para corromper autoridades locales.
Más impunidad ambiental.
Y la impunidad ambiental es doblemente injusta:
Porque destruye hoy y compromete mañana.
Lo que hacen otros países
En contextos similares, países que enfrentan economías extractivas ilegales han optado por:
- Fortalecer fiscalías ambientales.
- Incrementar cooperación interinstitucional.
- Ampliar herramientas de incautación.
- Integrar inteligencia financiera.
La tendencia internacional es fortalecer, no debilitar.
Impacto en desigualdad
Cuando el Estado pierde control frente a minería ilegal:
- Se reduce recaudación formal.
- Se incrementa competencia desleal.
- Se deteriora inversión sostenible.
- Se profundiza desigualdad territorial.
Las regiones afectadas se vuelven dependientes de economías ilegales.
Y salir de esa trampa es extremadamente difícil.
Mi compromiso como candidato a diputado
No se combate la minería ilegal reduciendo capacidad estatal.
Propongo:
✔️ Fortalecer fiscalías ambientales especializadas.
✔️ Integrar inteligencia financiera contra lavado proveniente del oro ilegal.
✔️ Blindar herramientas de interdicción con control judicial pero sin paralizarlas.
✔️ Establecer evaluación técnica obligatoria para reformas que afecten lucha ambiental.
La Amazonía no necesita discursos.
Necesita Estado eficaz.
La pregunta que debemos hacernos
¿Queremos un país que retrocede frente a economías criminales?
¿O uno que protege su territorio y a sus comunidades más vulnerables?
Cuando el Congreso debilita herramientas contra minería ilegal, no está afectando solo un sector productivo.
Está afectando:
- La salud pública.
- La seguridad.
- La economía formal.
- El futuro ambiental del país.
Y quienes primero pagan ese costo son quienes menos capacidad tienen para defenderse.