El desafío territorial en el Perú
El Perú es uno de los países con mayor biodiversidad del planeta, con ecosistemas amazónicos, andinos y costeros altamente sensibles. Sin embargo, carece de un ordenamiento territorial vinculante, lo que genera:
- Superposición de concesiones mineras, forestales, hidrocarburíferas y agrícolas sobre ecosistemas frágiles o territorios indígenas.
- Conflictos socioambientales recurrentes, que según la Defensoría del Pueblo (2023) representan más del 50% de los conflictos activos en el país.
- Inseguridad jurídica para la inversión responsable, debido a la falta de jerarquía entre planificación territorial y otorgamiento de derechos sectoriales.
Actualmente, instrumentos como la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) existen, pero no son obligatorios para la aprobación de concesiones. Esto permite que proyectos se asignen sin un análisis ecosistémico integral, aumentando riesgos de degradación y pérdidas económicas por proyectos inviables.
Qué propone la Ley: ordenamiento territorial vinculante y gestión ecosistémica
La propuesta busca consolidar un marco legal claro y obligatorio para la planificación del uso del suelo, integrando criterios ambientales y climáticos, reduciendo conflictos y orientando la inversión hacia proyectos sostenibles.
Carácter vinculante del ordenamiento territorial
- Toda decisión de concesión o proyecto productivo deberá ser compatible con la planificación territorial aprobada.
- Se evita que sectores otorguen derechos sin considerar fragilidad ecológica o riesgos climáticos.
Jerarquía normativa
- El ordenamiento territorial prevalece sobre decisiones sectoriales cuando haya incompatibilidad ambiental o ecosistémica.
- Garantiza coherencia entre desarrollo económico y conservación ambiental.
Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) obligatoria
- La ZEE actualizada será requisito previo para la aprobación de concesiones mineras, forestales, hidrocarburíferas y agroindustriales.
- Permite identificar zonas críticas de protección, corredores ecológicos y cuencas prioritarias.
Mapas de fragilidad climática
- Incorporación obligatoria de riesgos climáticos y vulnerabilidad hídrica en toda planificación territorial.
- Facilita decisiones informadas frente a desastres como sequías, deslizamientos e inundaciones, evitando pérdidas económicas y humanas.
Sistema Nacional de Información Territorial Integrado (SINATI)
- Plataforma pública que consolida información de concesiones, ANP, ecosistemas y riesgos climáticos.
- Acceso libre para instituciones, empresas y ciudadanos, promoviendo transparencia y prevención de conflictos.
Prevención de superposición incompatible
- Prohíbe la asignación de concesiones en territorios de alta fragilidad ecológica o de protección estricta.
- Reduce conflictos socioambientales y degradación de ecosistemas críticos.
Antes vs. Después: seguridad jurídica y sostenibilidad
| Aspecto | Antes | Después (Propuesta) |
|---|---|---|
| Carácter de la ZEE | No vinculante, referencia técnica | Obligatoria y vinculante para concesiones |
| Superposición de concesiones | Permitida | Prohibida en áreas de alta fragilidad |
| Planificación climática | Ausente | Mapas de fragilidad climática integrados |
| Transparencia territorial | Fragmentada | Plataforma SINATI con acceso público |
| Conflictos socioambientales | Frecuentes | Reducción prevista mediante planificación anticipada |
| Seguridad jurídica inversionista | Baja | Mayor predictibilidad y reducción de riesgos legales |
Esta comparación evidencia que la ley fortalece la gobernanza natural, protege ecosistemas y facilita la inversión responsable.
Impactos esperados: datos y evidencia
- Reducción de conflictos socioambientales: Estudios de la Defensoría del Pueblo y MINAM (2022-2023) muestran que la falta de ordenamiento vinculante multiplica por 2-3 veces los conflictos por concesiones superpuestas.
- Prevención de desastres: Integrar mapas de fragilidad climática podría disminuir pérdidas económicas por eventos naturales en hasta 25% anual en zonas críticas (Fuente: CEPLAN, 2022).
- Optimización del uso del suelo: La planificación anticipada evita proyectos inviables, ahorrando recursos públicos y privados.
- Protección de ecosistemas y comunidades indígenas: Se blindan territorios de alta biodiversidad y zonas de ocupación ancestral frente a concesiones conflictivas.
- Transparencia y acceso a información: SINATI permitirá monitoreo en tiempo real de concesiones y ecosistemas, mejorando la rendición de cuentas.
Conclusión
La Ley de Ordenamiento Territorial Vinculante y Gestión Ecosistémica es un instrumento estratégico de política de Estado que:
- Garantiza que la planificación territorial sea obligatoria y vinculante.
- Protege ecosistemas críticos y territorios indígenas.
- Reduce conflictos socioambientales y riesgos económicos.
- Facilita inversiones sostenibles y coherentes con los compromisos climáticos.
- Mejora la transparencia y gobernanza natural, promoviendo un desarrollo sostenible e integrado a largo plazo.
Con esta ley, Perú avanzaría hacia un modelo de gestión territorial basado en evidencia científica, sostenibilidad ecosistémica y seguridad jurídica, fortaleciendo su posición como líder regional en gobernanza ambiental.
Mirá la propuesta legislativa aquí