Hablar de medio ambiente en el Perú se ha vuelto un tema de polarización política. Algunos lo reducen a “ideología” o “burocracia ambiental”. Pero la realidad es otra: proteger el ambiente desde la ley es proteger la vida, la economía territorial y los derechos de las comunidades.
Cuando el Congreso aprueba normas que debilitan la regulación ambiental, no se trata de una abstracción académica: eso repercute en la vida diaria de las personas en Lima Provincias y en todo el país.
El Congreso ha debilitado normas ambientales
En los últimos años, varias modificaciones legales impulsadas o aprobadas por el Congreso han sido criticadas por su potencial impacto negativo en la protección de bosques, bosques primarios y derechos de pueblos indígenas.
Por ejemplo, una enmienda a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre ha sido ampliamente cuestionada porque:
- elimina requisitos de autorización estatal para el uso del suelo forestal,
- transfiere funciones de supervisión ambiental de la autoridad ambiental a sectores con incentivos distintos (como agricultura),
- y podría legalizar prácticas que en la práctica equivalen a permitir desforestación sin controles sólidos.
Organizaciones ambientales y juristas han señalado que estos cambios pueden debilitar la protección forestal y abrir puertas a la deforestación, así como afectar los derechos de comunidades que han sido históricamente guardianes de sus territorios.
Además, organizaciones y movimientos sociales han registrado denuncias formales y demandas ante instancias judiciales para revertir estas modificaciones, debido al riesgo que representan para los derechos constitucionales y la sostenibilidad ambiental.
El impacto va más allá de Lima centro
Cuando leyes ambientales se debilitan en el Congreso, no afecta por igual a todas las personas:
📍 En los valles agrícolas de Huaral y Cañete, la degradación del suelo y la presión sobre el agua productiva pueden reducir cosechas, ingresos y seguridad alimentaria.
📍 En zonas costeras como Huacho o Barranca, la contaminación marina y la degradación de ecosistemas costeros afecta a pescadores artesanales y al turismo local.
📍 En áreas altoandinas como Yauyos o Cañete alto, el deterioro de cuencas y fuentes de agua pone en riesgo el acceso a agua limpia para consumo humano y riego.
El retroceso en normas ambientales significa menos capacidad del Estado para prevenir y sancionar daños ambientales, menos protección para las comunidades y más oportunidades para economías ilícitas como la minería ilegal.
El derecho constitucional a un ambiente sano
La Constitución peruana reconoce el derecho de todos a disfrutar de un ambiente equilibrado como parte de los derechos fundamentales.
Sin embargo, cuando el Congreso modifica normas ambientales sin consulta amplia ni una evaluación territorialmente sensible, se pone en tensión ese principio constitucional.
Esto no solo es una cuestión técnica: es una cuestión de justicia territorial y de respeto al derecho de comunidades y familias que dependen del ambiente para vivir.
¿Qué se necesita legislar?
Un enfoque legislativo responsable debería:
✅ Fortalecer la protección de bosques y fuentes de agua con normas claras y estables.
✅ Garantizar procesos de consulta y participación de poblaciones rurales, indígenas y campesinas afectadas por decisiones sobre el uso de su territorio.
✅ Establecer sanciones efectivas para actividades que dañan los ecosistemas y la salud de las personas.
✅ Adaptar la legislación ambiental a las realidades locales, con sensibilidad territorial y datos técnicos sólidos.
✅ Incorporar figuras modernas de justicia ambiental, como la penalización de daños graves al ambiente (ecocidio), si así lo avala un proceso legislativo responsable.
No es contra el desarrollo: es por el desarrollo sostenible
Proteger el ambiente no frena la economía:
🔹 protege fuentes de agua esenciales para la agricultura,
🔹 garantiza salud pública,
🔹 y asegura el acceso a recursos naturales para generaciones futuras.
Cuando el Congreso legisla sin perspectiva ambiental, legisla contra las futuras posibilidades de desarrollo de las personas y comunidades.
Entonces
El ambientalismo no es una ideología ni una barrera al desarrollo: es una condición para que el desarrollo realmente funcione para las personas y los territorios.
Si queremos comunidades más seguras, con economías sostenibles, con acceso a agua y servicios, necesitamos leyes que protejan el ambiente, no parches que lo debiliten.
Porque sin ambiente sano, no hay vida digna para la gente de Lima Provincias ni del Perú entero.