¿Qué modifica la Ley 32.326?
La Ley N.º 32.326 eleva los requisitos para que el Estado pueda confiscar bienes vinculados a actividades ilícitas, condicionando o restringiendo la aplicación de la extinción de dominio hasta que exista sentencia firme en el proceso penal.
La extinción de dominio es un proceso autónomo que permite al Estado recuperar bienes cuyo origen ilícito se demuestra, sin necesidad de esperar una condena penal definitiva.
Ese diseño no era arbitrario.
Era estratégico.
¿Por qué existe la extinción de dominio?
Porque los procesos penales complejos pueden durar años.
Mientras tanto:
- Los bienes ilícitos pueden transferirse.
- Se pueden ocultar patrimonios.
- Se pueden simular ventas.
- Se pueden financiar nuevas actividades criminales.
La extinción de dominio evita que el delito siga produciendo ganancias mientras el juicio avanza.
No es una sanción penal.
Es una medida patrimonial contra bienes de origen ilícito.
Estándar internacional
La recuperación temprana de activos es una recomendación clave de:
- Naciones Unidas.
- Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
- Organismos regionales anticorrupción.
El principio es claro:
El crimen organizado no se derrota solo encarcelando personas.
Se debilita quitándole el capital.
Reducir la efectividad de la extinción de dominio va en sentido contrario a esa lógica.
¿Qué significa esperar sentencia firme?
En el Perú, procesos por corrupción o lavado pueden durar:
- 5, 7 o más años.
- Con apelaciones sucesivas.
- Con recursos constitucionales.
- Con incidentes procesales.
Si la recuperación de bienes depende de sentencia firme:
⏳ El capital ilícito puede seguir circulando durante años.
Y el dinero ilícito no es pasivo.
Se reinvierte.
Sesgo cognitivo: “sin condena no deberían tocar bienes”
Es comprensible que exista preocupación por garantías.
Pero la extinción de dominio no es automática ni arbitraria:
- Requiere proceso judicial.
- Requiere prueba del origen ilícito.
- Permite defensa.
- Tiene control judicial.
No es una confiscación política.
Es una herramienta probatoria especializada.
Eliminar su autonomía favorece indirectamente a quien puede sostener litigios largos.
¿Quiénes se benefician más?
Quienes:
- Tienen patrimonios complejos.
- Manejan empresas pantalla.
- Usan testaferros.
- Pueden transferir activos rápidamente.
Las redes criminales modernas no operan solo con armas.
Operan con:
- Inmuebles.
- Empresas.
- Vehículos.
- Cuentas internacionales.
- Inversiones.
Si el Estado no puede actuar sobre esos bienes hasta sentencia final, la red mantiene su músculo financiero.
Impacto en ciudadanía vulnerable
Cuando no se recuperan bienes ilícitos:
- No se restituyen fondos al Estado.
- No se reparan daños colectivos.
- No se financian políticas públicas.
El dinero que no vuelve al sistema:
- No llega a hospitales.
- No mejora colegios.
- No refuerza seguridad.
- No fortalece infraestructura básica.
La recuperación de activos no es simbólica.
Es presupuestal.
Y quienes dependen del presupuesto público son quienes menos privilegios tienen.
Efecto estructural
Si el sistema:
- Reduce herramientas cautelares.
- Limita detención preliminar.
- Reduce prescripción.
- Y ahora restringe extinción de dominio.
Se configura un patrón:
Menos capacidad investigativa.
Menos capacidad de reacción.
Menos capacidad de recuperación económica.
No es una norma aislada.
Es una tendencia acumulativa.
El riesgo democrático
El crimen organizado no solo busca impunidad penal.
Busca mantener su poder económico.
Si el Estado pierde capacidad de recuperar activos:
- Se consolida desigualdad estructural.
- Se distorsiona competencia económica.
- Se debilita confianza institucional.
Una democracia no puede competir con mafias financieramente blindadas.
Mi compromiso como candidato a diputado
La lucha contra la corrupción no termina en una sentencia.
Termina cuando el dinero vuelve al país.
Propongo:
✔️ Restituir la autonomía efectiva de la extinción de dominio.
✔️ Fortalecer fiscalías especializadas en recuperación de activos.
✔️ Crear trazabilidad pública del destino de bienes recuperados.
✔️ Integrar inteligencia financiera contra lavado vinculado a corrupción y crimen organizado.
No basta con juzgar personas.
Hay que desmontar estructuras económicas ilegales.
La pregunta clave
¿Queremos un sistema donde los bienes ilícitos sigan generando poder durante años?
¿O uno donde el Estado pueda actuar oportunamente para recuperar lo que es de todos?
Cuando se blinda el patrimonio ilegal, se fortalece la desigualdad.
Y cuando la desigualdad se fortalece, quienes primero pierden son quienes menos tienen.