¿Qué cambia la Ley 32.130?
La Ley N.º 32.130 modifica el modelo de investigación preliminar penal en el Perú, trasladando mayores facultades de conducción inicial a la Policía Nacional y reduciendo la dirección activa del Ministerio Público en esa etapa.
En el diseño constitucional peruano, el Ministerio Público dirige la investigación del delito (artículo 159 de la Constitución).
Este modelo fue adoptado con la reforma procesal penal justamente para evitar interferencias políticas o policiales sin control fiscal.
La Ley 32.130 altera ese equilibrio.
¿Por qué el modelo fiscal era importante?
Desde la implementación del Nuevo Código Procesal Penal, el Perú adoptó un modelo acusatorio donde:
- La Policía investiga.
- La Fiscalía dirige.
- El juez controla.
Este sistema fue diseñado para evitar el viejo modelo inquisitivo, donde las investigaciones podían quedar concentradas sin suficiente control externo.
Diversos estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la cooperación internacional que apoyaron la reforma procesal penal en América Latina coinciden en algo:
Cuando la investigación no tiene dirección fiscal clara, aumentan los riesgos de interferencia y debilidad probatoria.
El modelo fiscal no es un capricho.
Es un estándar regional.
Riesgos señalados por especialistas
Diversos constitucionalistas y ex fiscales han advertido que:
- Reducir la conducción fiscal puede debilitar la cadena de custodia.
- Puede fragmentar la estrategia del caso.
- Aumenta el riesgo de nulidades procesales.
- Abre espacio a presiones políticas en investigaciones sensibles.
En casos de crimen organizado o corrupción de alto nivel, la coordinación directa con fiscales especializados es clave.
Separar conducción y estrategia debilita resultados.
¿Qué puede pasar en la práctica?
Imaginemos tres escenarios reales:
Corrupción municipal
Una red dentro de una municipalidad direcciona obras públicas.
Si la estrategia no está centralizada bajo conducción fiscal clara desde el inicio:
- Se pueden perder pruebas.
- Se puede alertar a investigados.
- Se pueden cometer errores técnicos que luego beneficien a los acusados.
¿Quién pierde?
La población que esperaba esa obra.
Violencia y crimen organizado en barrios populares
En distritos con alta criminalidad, la investigación rápida y coordinada es clave.
Si no hay una dirección fiscal sólida desde el inicio:
- Se debilitan los casos.
- Se archivan investigaciones.
- Se liberan sospechosos por fallas técnicas.
Las familias de esos barrios no tienen seguridad privada.
Dependen del Estado.
Delitos ambientales y minería ilegal
En zonas donde operan mafias extractivas, la coordinación entre fiscalía especializada y fuerzas policiales es determinante.
Debilitar la conducción fiscal puede favorecer a organizaciones con recursos para manipular procesos o dilatar.
Lo que muestra la experiencia comparada
En América Latina, países que fortalecieron la autonomía del Ministerio Público lograron:
- Mayor tasa de formalización en casos complejos.
- Mejor articulación contra redes transnacionales.
- Mayor recuperación de activos ilícitos.
La tendencia internacional es fortalecer fiscalías independientes.
No reducir su liderazgo.
Sesgo cognitivo: “más policía significa más seguridad”
Es intuitivo pensar que darle más control directo a la Policía mejora resultados.
Pero la experiencia institucional demuestra que:
- Más poder sin contrapeso no es más eficiencia.
- La seguridad sin legalidad produce nulidades.
- Los errores procesales favorecen al acusado.
En delitos complejos, la coordinación estratégica con fiscales especializados es lo que sostiene condenas.
No basta detener.
Hay que lograr sentencia firme.
¿Cómo afecta esto a la ciudadanía con menos privilegios?
Las personas con recursos pueden:
- Pagar abogados especializados.
- Detectar fallas procesales.
- Lograr nulidades.
Pero la ciudadanía común depende de investigaciones sólidas desde el inicio.
Si el caso se cae por errores técnicos o falta de conducción estratégica:
- El agresor queda libre.
- El corrupto no devuelve el dinero.
- La obra no se termina.
- La violencia continúa.
La desigualdad procesal se amplía.
Mi posición como candidato a diputado
La seguridad no se construye debilitando instituciones.
Propongo:
✔️ Restablecer la conducción fiscal plena en investigación preliminar.
✔️ Fortalecer fiscalías especializadas en crimen organizado y corrupción.
✔️ Establecer evaluaciones técnicas obligatorias antes de modificar arquitectura penal.
✔️ Impulsar un pacto institucional que blinde la independencia del Ministerio Público.
La lucha contra el crimen no puede depender del cálculo político del momento.
Debe depender de estándares constitucionales.
La pregunta de fondo
¿Queremos un sistema donde la investigación penal pueda fragmentarse?
¿O uno donde la independencia y la estrategia técnica estén garantizadas?
Cuando se debilita al Ministerio Público, no gana la seguridad.
Gana la incertidumbre.
Y en la incertidumbre, siempre pierde primero quien menos tiene.