¿Qué es la Ley 31.990?
La Ley N.º 31.990 modifica el mecanismo de “colaboración eficaz”, una herramienta legal usada por la Fiscalía para que investigados aporten información clave a cambio de beneficios procesales. El cambio central es que impone plazos rígidos y reducidos para que la Fiscalía corrobore la información y celebre acuerdos de colaboración eficaz.
Antes, este proceso tenía flexibilidad según la complejidad de cada caso. Ahora, la ley fija plazos máximos:
- Hasta 8 meses para procesos comunes.
- Hasta 16 meses en casos de crimen organizado (con prórrogas posibles).
Casos reales que podrían verse afectados
Caso Lava Jato
La procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, advirtió que la ley afectaría directamente más de 50 procesos de colaboración eficaz en curso relacionados a esta red de corrupción que ha marcado la política peruana en los últimos años.
Este caso no es menor. Permite rastrear sobornos, contratos irregulares y redes de funcionarios implicados en millonarios actos de corrupción que afectaron obras públicas, servicios básicos y recursos del Estado.
¿Por qué la ley pone en riesgo la justicia?
Tiempo vs. complejidad
Muchos de estos procesos implican información extensa que debe corroborarse no solo en Perú, sino con cooperación internacional (por ejemplo, con Brasil y otros países). Limitar los plazos a 8 o 16 meses —en casos donde antes ese proceso podía tomar mucho más tiempo— hace que sea prácticamente imposible completar investigaciones profundas sin que se archive el caso.
Prohibición de corroborar testimonios
La ley también impide que la Fiscalía utilice la declaración de un colaborador eficaz para corroborar la declaración de otro, una práctica común y necesaria para fortalecer las investigaciones delicadas.
Esto debilita la acumulación de evidencia que podría ser clave para condenar estructuras complejas.
¿Por qué esto no es solo un tecnicismo legal?
Impacto social directo
Este cambio legislativo no solo afecta procesos judiciales en abstracto. Tiene consecuencias reales para la vida de miles de peruanos:
- Servicios públicos caros o deficientes: cuando la corrupción no se investiga, recursos que deben usarse en educación, salud o infraestructura desaparecen.
- Obras paralizadas o mal hechas: obras que podían mejorar acceso a servicios básicos quedan sin sanción a los responsables.
- Menores oportunidades para jóvenes: el saqueo de fondos públicos reduce las inversiones en programas laborales, becas o apoyo para emprendedores.
En otras palabras, cuando los casos de corrupción quedan sin una investigación completa, la ciudadanía que no tiene recursos ni influencia política es la que más pierde.
¿Qué dicen los actores del sistema de justicia?
Diversos sectores técnicos se opusieron a esta ley:
- Ministerio Público y Fiscalía señalaron que los plazos deberían ajustarse a la realidad de cada caso, pudiendo llegar hasta 36 meses para investigaciones complejas.
- La Procuraduría General y fiscales han advertido que la ley fue “de espaldas a la realidad” de cómo se tramitan las colaboraciones eficaces, especialmente en casos transnacionales como Lava Jato.
Sesgo cognitivo: el peligro de creer “eso no me afecta”
Un error común es pensar que este tipo de modificación solo impacta a políticos o grandes empresas.
La verdad es otra:
cuando se debilita una herramienta clave de la justicia, se beneficia a los poderosos —quienes pueden dilatar o frustrar investigaciones— mientras que los ciudadanos sin recursos son los que sufren la impunidad.
Esto nos afecta a todos: la educación de nuestros hijos, la salud de nuestros familiares, las oportunidades de empleo, la seguridad en nuestras calles.
Mi compromiso como candidato a diputado
Ante este retroceso:
✔️ Promoveré reformas que restablezcan plazos justos y realistas para colaboración eficaz.
✔️ Defenderé la independencia del Ministerio Público como garante de la lucha anticorrupción.
✔️ Impulsaré mecanismos transparentes que aseguren que los corruptos no encuentren refugio en tecnicismos legales.
La pregunta fundamental
¿Queremos un Perú donde la justicia se mida por la velocidad de los plazos, o por la profundidad de la verdad?
Las normas procesales deben servir a la justicia, no a quienes desean esconder sus delitos bajo atajos legales.