Estas son leyes o reformas que fortalecerían la justicia, los derechos humanos y la vida territorial:
Fortalecimiento de la lucha contra crimen organizado
Reforma para restaurar herramientas investigativas esenciales como la “colaboración eficaz” al nivel que permita a fiscales desarticular redes criminales y casos de corrupción complejos.
✔ Este mecanismo había sido limitado por cambios recientes que reducen su eficacia y aplicabilidad.
Precisar y ampliar la definición legal de organización criminal, de modo que incluya delitos que afectan a la población (extorsión, trata de personas, corrupción).
✔ Normas como la Ley 32108 redujeron esa definición, lo que ha generado críticas porque deja fuera delitos graves que afectan a la ciudadanía.
Protección de la libertad de expresión y la sociedad civil
Reformar normas restrictivas que ampliaron poderes de control sobre las organizaciones de la sociedad civil (la llamada “ley anti-ONG”), porque pueden limitar la participación ciudadana y frenar la defensa de derechos humanos y ambientales.
✔ Organizaciones como Human Rights Watch y Amnesty International han advertido que estas normas ponen en riesgo la libertad de asociación y el acceso a la justicia para víctimas de violaciones de derechos.
Derechos humanos y acceso a la justicia
Iniciativas que aseguren protección efectiva para víctimas de conflictos o violencia estructural, garantizando que organizaciones y personas puedan litigar sin amenaza de sanciones arbitrarias.
Leyes que fortalezcan la independencia del Ministerio Público, la Fiscalía y el Poder Judicial, blindándolos de interferencias políticas y procesos administrativos arbitrarios.
Enfoque territorial y desarrollo sostenible
Leyes que integren criterios de desarrollo territorial y enfoque diferencial, especialmente para zonas agrícolas, costeras y altoandinas de Lima Provincias, como programas de inversión, infraestructura rural, acceso a servicios y capacitación laboral.
Normas ambientales robustas que vinculen la protección de cuencas de agua, biodiversidad y sostenibilidad productiva con la seguridad alimentaria y económica de comunidades locales.
2. Leyes que propondría derogar o reformar de inmediato
Estas son aquellas normas que, según expertos y organizaciones, han tenido consecuencias negativas profundas:
Leyes que debilitan la lucha contra crimen organizado y corrupción
Derogar o reformar la Ley N.º 32108, conocida como parte de las llamadas “leyes pro-crimen”, porque limita la tipificación de organización criminal y dificulta la persecución de delitos estructurales.
Revocar normas que restringen herramientas que facilitan las investigaciones complejas (como la colaboración eficaz) y que han sido criticadas por entidades del Estado y la sociedad civil por obstaculizar la justicia.
Leyes que restringen la libertad de asociación y expresión
Derogar reformas a la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) que permiten un control excesivo sobre organizaciones de la sociedad civil y ONG, lo que puede disuadir la defensa de derechos humanos, ambientales o de comunidades afectadas.
Normas que obstaculizan la justicia y transparencia
Eliminar iniciativas legislativas que otorguen al Congreso poderes excesivos para influir en nombramientos o suspensiones de jueces, fiscales y autoridades autónomas, ya que esto puede socavar la independencia judicial y promover impunidad.
Revocar cualquier intento que reduzca el acceso a justicia para víctimas o elimine sanciones proporcionales para delitos graves.
Prioridades de interpretación
Estas prioridades no son solo “cosas por derogar” por capricho político.
Están basadas en:
Recomendaciones de organizaciones internacionales de derechos humanos.
Alertas de grupos civiles y fiscales sobre cómo los cambios legales han debilitado la lucha contra el crimen.
Críticas técnicas a leyes que minan la participación civil y la rendición de cuentas.
¿Por qué estas prioridades legislativas importan?
Porque sin un orden normativo sólido:
✔ La seguridad ciudadana se resiente.
✔ El Estado pierde herramientas legítimas para actuar.
✔ La justicia queda en manos de interpretaciones discrecionales.
✔ Las comunidades —especialmente en provincias— quedan expuestas a riesgos cotidianos sin protección legal.
Las leyes no son simples palabras en papel: definen cómo vivimos, quién puede actuar y bajo qué reglas.
Por eso
Legislar bien —y legislar desde el día uno— implica hacer y deshacer normas con intención y foco ciudadano.
No se trata de ideología, sino de herramientas concretas para proteger vidas, garantizar justicia y asegurar desarrollo territorial.
Impulsar leyes que fortalezcan seguridad, derechos, participación y justicia —y derogar aquellas que promueven impunidad, restringen libertades o favorecen intereses espurios— es una de las tareas más urgentes que enfrenta un legislador que verdaderamente pone a la gente primero.