Uno de los errores más persistentes del sistema político peruano es asumir que “Lima” representa al Perú entero. Cuando quienes legislan diseñan políticas pensando únicamente en la realidad de la capital, pierden de vista las múltiples realidades territoriales que afectan la vida cotidiana de millones de peruanos y peruanas fuera de Lima centro.
Las diferencias entre territorios no son menores: están relacionadas con oportunidades de empleo, acceso a servicios, competitividad económica, infraestructura y calidad de vida. Estas brechas no se corrigen con discursos, sino con leyes que entiendan y respondan a lo que vive la gente en cada territorio.
Uno mismo país, muchas realidades
Uno de los análisis más recientes sobre la competitividad regional revela que las capacidades económicas y sociales están profundamente concentradas en Lima Metropolitana, mientras que la mayoría de regiones enfrenta retrocesos o estancamientos en desarrollo, infraestructura, empleo formal y servicios básicos.
El Índice de Competitividad Regional del Perú 2025 muestra que Lima Metropolitana lidera ampliamente en capacidades económicas, institucionales y de infraestructura, mientras que muchas otras regiones —incluida Lima Provincias— enfrentan limitaciones persistentes para desarrollar su potencial.
Esto tiene impactos concretos:
- La estructura productiva de muchas provincias no logra articularse con inversiones sostenidas.
- El acceso a servicios públicos (salud, educación, agua, electricidad) sigue siendo desigual entre zonas urbanas principales y territorios intermedios o rurales.
- La infraestructura vial y logística limita la interconexión de mercados y la movilidad de la población.
Brechas económicas y sociales a la vista
Las desigualdades territoriales también se reflejan en indicadores socioeconómicos como la pobreza y el desarrollo humano. Aunque Lima Metropolitana concentra más servicios y oportunidades económicas, la pobreza monetaria ha aumentado incluso allí, lo que demuestra que centralizar soluciones no garantiza resultados para nadie.
A nivel nacional, 21 de 25 regiones aumentaron su pobreza entre 2022 y 2023, lo que implica que la mayor parte del país enfrenta retrocesos sociales y económicos que las políticas diseñadas desde Lima centro no han podido revertir.
Este contexto evidencia que el enfoque legislativo debe considerar las diversas realidades territoriales —y no suponer que una sola política basada en Lima funcionará igual en todo el país.
¿Por qué Lima Provincias es distinto?
La Región Lima no es homogénea. Incluye:
- Zonas agrícolas de la costa (como Cañete, Huaral), donde la economía depende de cultivos y exportación agrícola.
- Áreas intermedias y rurales con menor densidad poblacional y acceso limitado a servicios públicos.
- Comunidades en las que la seguridad ciudadana, la educación y la salud tienen desafíos distintos a los de Lima centro.
El ICRP 2025 destaca que regiones como Lima Provincias han mostrado retrocesos o estancamientos en competitividad, particularmente en infraestructura y desarrollo humano. Esto se traduce en menos empleo formal, menor acceso a servicios de calidad, mayores costos logísticos y menor atracción de inversiones.
Las leyes tienen que considerar estos territorios
Cuando el Congreso legisla “desde Lima centro”, tiende a:
🔹 Uniformar soluciones sin considerar diferencias económicas, geográficas o culturales.
🔹 Ignorar realidades locales que requieren respuestas específicas.
🔹 Favorecer políticas válidas para la capital, pero ineficaces —o incluso perjudiciales— en provincias.
Por eso, legislar con enfoque territorial significa:
✔ Diseñar normas que reconozcan las distintas formas de vida y economía en Lima Provincias y otras regiones.
✔ Establecer criterios diferenciados de inversión pública, según necesidades reales de cada zona.
✔ Fomentar conectividad física y digital, para integrar mercados y servicios.
✔ Promover políticas de empleo formal y desarrollo productivo adaptadas a cada contexto territorial.
¿Qué puede hacer un legislador con enfoque territorial?
Un diputado que legisla con enfoque territorial se compromete a:
- Presentar proyectos de ley que fortalezcan la infraestructura física y social fuera de Lima centro.
- Incentivar inversiones productivas que reduzcan brechas económicas.
- Incluir mecanismos de consulta local antes de aprobar políticas que afecten servicios públicos, recursos o inversiones en los territorios.
- Facilitar fondos y programas nacionales con criterios territoriales explícitos y transparentes.
- Monitorear indicadores regionales de competitividad, desarrollo humano y bienestar, y ajustar leyes según evidencia efectiva.
No hay desarrollo sin justicia territorial
La desigualdad territorial no es una fatalidad: es resultado de decisiones históricas de diseño de políticas públicas y legislación.
Legislar pensando sólo en Lima centro no ha reducido la pobreza ni ha resuelto los problemas de infraestructura o servicios. Y tampoco ha mitigado la desigualdad económica entre regiones.
Si queremos un país más justo, equitativo y próspero, la legislación debe mirar cada territorio con atención y respeto.
Entonces
Lima Provincias y otras regiones del país no son reflejos o réplicas de Lima centro.
Son realidades distintas, con desafíos propios —y también con potencialidades que pueden florecer si reciben legislación sensible, técnica, participativa y territorialmente informada.
Legislar bien no es sólo aprobar normas:
es entender dónde viven las personas, cómo trabajan, qué oportunidades tienen y qué barreras enfrentan.
Y legislar desde esa realidad, no desde Lima centro ni desde una mirada homogénea.