La ciudadanía vive la inseguridad en carne propia: extorsión, sicariato, robo y minería ilegal son parte de la vida cotidiana en diversas provincias del Perú. Sin embargo, en lugar de reforzar las herramientas legales contra estas amenazas, los últimos Congresos han aprobado —y consolidado— normas que debilitan la lucha contra los grupos criminales, con consecuencias directas para la seguridad y el bienestar de las personas en los territorios.
¿Qué son las llamadas “leyes pro-crimen”?
Este término no es una frase vacía: varias normas aprobadas por el Congreso han sido ampliamente criticadas por juristas, el Ministerio Público y organizaciones de derechos humanos por su impacto negativo en la persecución penal de redes criminales.
Algunos casos emblemáticos:
- Ley 31990: limita el uso de la “colaboración eficaz” (plea bargaining), una herramienta clave para que fiscales y jueces desmonten redes complejas de corrupción y crimen organizado.
- Ley 32108: redefine qué se considera “organización criminal”, restringiendo la tipificación penal y haciendo más difícil que la Fiscalía y los jueces persigan a grupos responsables de extorsión, sicariato y otros delitos graves.
- Leyes que cambian la investigación preliminar: como la Ley 32130, que traslada la conducción de investigaciones del Ministerio Público a la Policía, alterando el modelo acusatorio peruano y debilitando la autonomía de las fiscalías especializadas para casos complejos.
El Ministerio Público llegó a rechazar estas reformas señalando que contradicen tratados internacionales contra el crimen organizado (Convención de Palermo), y anunció demanda de inconstitucionalidad contra ellas.
¿Qué dicen expertos y organismos internacionales?
Organizaciones como Human Rights Watch han documentado que estas reformas han debilitado la independencia y capacidad de jueces y fiscales, obstaculizando investigaciones sobre crimen organizado, corrupción y delitos graves en general.
Además, estas leyes han sido criticadas por socavar la confianza ciudadana en el Estado de derecho, al reducir las herramientas que permiten desarticular redes criminales y perseguir penalmente a quienes dañan la seguridad pública.
¿Por qué esto importa para Lima Provincias?
No todos los territorios enfrentan la misma realidad:
- En zonas rurales de Huacho, Huaral o Barranca, la minería ilegal no solo contamina ríos y quebradas, sino que deja a familias enteras sin acceso seguro a agua potable ni a actividades económicas formales. Las normas que reducen las herramientas para combatir este fenómeno legalmente agravan este impacto.
- En provinciales del sur y centro de Lima, como Cañete y Yauyos, las redes de extorsionadores y bandas delincuenciales generan miedo, inflan costos de transporte y presionan a pequeños comerciantes. Las debilidades en la legislación dificultan que la Fiscalía pueda clasificar estos grupos como “organización criminal” y aplicar penas efectivas.
- En Áreas urbano-periurbanas como Chancay y Huacho, la violencia cotidiana (robos, asaltos, secuestros exprés) ha aumentado, mientras la percepción de impunidad crece porque muchas investigaciones simples no llegan a juicio. La reducción de herramientas procesales hace que delitos que antes podrían investigarse con mayor rigor queden sin respuesta eficaz.
Primeras consecuencias: impunidad y desconfianza
Estas leyes no solo complican procesar a bandas criminales: también generan impunidad estructural. Cuando delitos como extorsión, sicariato o trata de personas quedan fuera de ciertas tipificaciones, los fiscales no pueden aplicar sanciones firmes ni avanzar con rapidez en las investigaciones más complejas.
La población siente este impacto día a día:
- menos presencia de justicia efectiva en sus comunidades,
- menos incentivos para cooperar con investigaciones,
- menos avance en casos graves que afectan la seguridad de todos.
Un Congreso que legisla para la gente
Legislar no es solo aprobar leyes: es asegurar que esas leyes protejan a la mayoría, especialmente a quienes viven lejos de Lima centro, en territorios con desafíos distintos (ruralidad, informalidad, brechas de acceso a servicios). Por eso, nuestro compromiso es:
Derogar o reformar normas que debilitan la lucha contra el crimen organizado.
Fortalecer el rol del Ministerio Público, fiscales y jueces con herramientas sólidas de investigación.
Diseñar legislación con enfoque territorial que entienda las realidades diversas de Lima Provincias.
La inseguridad no se combate con discursos, se combate con leyes claras, técnicas y centradas en la vida de las personas.
¿12 LEYES A FAVOR DEL CRIMEN Y LA IMPUNIDAD?
Infórmate sobre las 12 leyes aprobadas en el Pleno y en la Comisión Permanente que han sido cuestionadas por favorecer al crimen organizado y promover la impunidad.
Es importante destacar que el congresista Elías Varas votó en contra de estas normas.
❌ Ley 31751 – Reducción de plazos de prescripción
Conocida como la “Ley Soto”, permitió que un congresista evite un proceso judicial. Esta norma reduce los plazos de prescripción de diversos delitos, beneficiando a investigados y procesados.
❌ Ley 32104 – Aplicación obligatoria de la Ley 31751
Precisa la aplicación del artículo 84° del Código Penal, reforzando los efectos de la Ley Soto y consolidando la reducción de los plazos de prescripción.
❌ Ley 31989 – Limitaciones a la PNP frente a la minería ilegal
Impide que la Policía Nacional incauté bienes y equipos utilizados en actividades de minería ilegal, debilitando la lucha contra este delito.
❌ Ley 31990 – Restricciones a la colaboración eficaz
Establece plazos muy cortos para los procesos de colaboración eficaz, limitando una herramienta clave para investigar redes criminales y casos de corrupción.
❌ Ley 32054 – Exclusión de partidos políticos de responsabilidad penal
Libera a los partidos políticos de responsabilidad penal, reduciendo los mecanismos de control y sanción frente a delitos cometidos en su interior.
❌ Ley 32107 – Impunidad en crímenes de lesa humanidad
Favorece la impunidad de policías y militares involucrados en violaciones a los derechos humanos durante las décadas de 1980 y 1990.
❌ Ley 32108 – Debilitamiento de los allanamientos
Exige la presencia obligatoria de un abogado durante los allanamientos, lo que ha sido utilizado para obstaculizar investigaciones, incluyendo casos de alto perfil.
❌ Ley 32130 – Traslado de la investigación preliminar a la Policía
Norma considerada inconstitucional, que quita al Ministerio Público la conducción de la investigación preliminar, debilitando la autonomía fiscal.
❌ Ley 32138 – Limitaciones para investigar crimen organizado
Elimina la presencia del investigado en allanamientos, pero obliga la presencia del abogado, restringiendo la investigación de delitos como tráfico de influencias, colusión simple y negociación incompatible.
❌ Ley 32181 – Beneficios penitenciarios y eliminación de prisión preliminar
Permitiría la liberación de personas condenadas al cumplir 80 años y elimina la prisión preliminar de manera general, incluso para delitos graves como sicariato y violación.
❌ Ley 32182 – Criminalización de fiscales y jueces
Introduce sanciones que pueden ser utilizadas para intimidar y perseguir a operadores de justicia, debilitando la independencia judicial.
❌ Ley 32153 – Protección del Congreso frente a sentencias
Prohíbe la ejecución en primera instancia de sentencias y medidas cautelares contra el Congreso, dificultando el control judicial y favoreciendo la impunidad.
Estas normas evidencian el uso del Congreso para aprobar leyes a conveniencia de determinados intereses, debilitando la lucha contra el crimen organizado y afectando gravemente el Estado de derecho en el país.