En el Perú hemos normalizado algo peligroso: un Congreso que no legisla bien, pero legisla mucho; que no controla al poder, pero sí lo negocia; y que no representa al país, pero sí a intereses particulares. Frente a esto, es imprescindible volver a la definición fundamental del cargo:
La función de un diputado es clara:
- legislar,
- fiscalizar,
- representar.
Nada más, pero tampoco nada menos.
Sin embargo, los hechos recientes muestran que esa función ha sido distorsionada, desvirtuada y en algunos casos invertida.
Debilitando la lucha contra el crimen organizado
Un informe de Human Rights Watch (HRW) documenta que, lejos de fortalecer las herramientas legales y judiciales para enfrentar a las redes criminales, el Congreso ha aprobado medidas que limitan la independencia y la capacidad de jueces y fiscales, obstaculizando así la investigación y sanción de organizaciones criminales en el país. Según este análisis, el Legislativo ha modificado definiciones clave del Código Penal y recortado mecanismos como la “colaboración eficaz”, debilitando de facto la lucha contra la delincuencia organizada.
La inseguridad ha ido en aumento en paralelo. Entre 2018 y 2024, los homicidios aumentaron más de un 130 %, con más de la mitad cometidos por sicarios, y las denuncias por extorsión alcanzaron niveles históricos.
Efecto en derechos humanos y sociedad civil
Además, el Congreso aprobó reformas a la legislación que restringen la capacidad de organizaciones civiles y ONG de demandar al Estado por violaciones a derechos humanos, una medida fuertemente criticada por organismos internacionales como Amnesty International por violar libertades fundamentales y el acceso a la justicia.
Desprotección ambiental y retrocesos normativos
El mismo informe de HRW muestra que las medidas legislativas recientes incluyen normas que debastan las protecciones ambientales, facilitando la deforestación ilegal y debilitando la capacidad del Estado para responder a la degradación del medio ambiente.
¿Y la fiscalización del propio Congreso?
La crisis política no se limita a normas abstractas. Recientemente, el propio presidente del país ha sido investigado y cuestionado por el Congreso por falta de transparencia, revelando no solo una mala práctica legislativa, sino también un ambiente político convulsionado y con múltiples señalamientos por posible corrupción y falta de rendición de cuentas.
¿Qué muestra esto?
Pese a comunicados internos del propio Parlamento que aseguran haber aprobado cientos de leyes “dirigidas a atender las necesidades de la población”, la percepción ciudadana y el análisis técnico apuntan hacia otro camino: un Congreso más enfocado en agendas partidarias, acuerdos de poder y lógicas internas que en resolver los problemas reales de la gente.
Esto se traduce en una pérdida de confianza profunda en el Legislativo, que según encuestas ha tenido niveles de desaprobación altísimos en los últimos años, y una brecha enorme entre el discurso oficial y las necesidades ciudadanas.
La función legislativa como principio irrenunciable
Un diputado no está para administrar ministerios ni para negociar equilibrios políticos. Está para:
- hacer leyes buenas y claras,
- derogar leyes dañinas,
- proteger a las mayorías,
- garantizar derechos humanos,
- y representar al territorio.
La gente de Lima Provincias merece un Congreso que legisle para la vida, la seguridad y el bienestar de las personas, no para atajos, privilegios ni agendas ajenas.