por qué el dinero importa… pero no basta
Durante años, el debate sobre la relación entre empresa y política en el Perú ha estado marcado por silencios incómodos, hipocresías compartidas y diagnósticos incompletos. Cada cierto tiempo, cuando el Congreso legisla mal, cuando una reforma amenaza la estabilidad económica o cuando emerge un liderazgo disruptivo y antisistema, reaparece una pregunta recurrente:
¿por qué el empresariado formal no defiende con mayor claridad el modelo económico y el sistema democrático que dice respaldar?
Un artículo reciente pone el dedo en una llaga real: existe un divorcio estructural entre el sector empresarial formal y la política, y ese divorcio debilita la defensa institucional del modelo económico, facilitando el avance de normas improvisadas, populistas o capturadas por intereses ilegales.
Coincido en parte con ese diagnóstico. Pero también creo que, si no ampliamos la mirada, corremos el riesgo de confundir una condición necesaria con una solución suficiente.
1. Una verdad incómoda: no hay institucionalidad gratis
Partamos de un punto que suele evitarse en el debate público:
la política siempre se financia con dinero.
La evidencia comparada es clara. En todas las democracias —desde las más consolidadas hasta las más frágiles— la competencia política requiere recursos: para organizar partidos, formar cuadros, comunicar propuestas y sostener presencia territorial (Levitsky & Ziblatt, 2018; Norris, 2015).
Demonizar el financiamiento privado no ha eliminado la corrupción.
Solo la ha desplazado hacia la informalidad, la opacidad y, en el peor de los casos, hacia economías ilegales que sí entienden el valor estratégico de capturar la política.
En ese sentido, el artículo acierta al denunciar una hipocresía estructural:
- El empresariado formal critica al Congreso y a la clase política.
- Pero no invierte —de manera transparente y sostenida— en fortalecer el sistema político que dice defender.
Esto tiene un costo. Donde el dinero formal se retira, otros actores ocupan el espacio. Y lo hacen sin escrúpulos, sin reglas y sin vocación democrática.
Como señalan Acemoglu y Robinson (2012), las instituciones no se sostienen solas: requieren coaliciones que las respalden activamente. La democracia también.
2. La crisis de representación: el problema no es solo económico
Otro aporte valioso del artículo es que desplaza el foco del debate puramente económico hacia una crisis político-institucional.
El Perú no solo enfrenta problemas de crecimiento o productividad. Enfrenta, sobre todo, una crisis de representación:
partidos débiles, vínculos sociales frágiles y una política que responde más a coyunturas que a proyectos de largo plazo.
Los gremios empresariales, en particular, han mostrado una incapacidad persistente para construir canales modernos, transparentes y legítimos de incidencia política. Han privilegiado el lobby reactivo antes que la inversión estratégica en partidos, cuadros técnicos o plataformas programáticas.
La ciencia política es clara en este punto:
cuando los sistemas de intermediación colapsan, la política se vuelve volátil, personalista y populista (Mainwaring & Torcal, 2006).
El vacío no permanece vacío.
Se llena. Y hoy, en el Perú, ese vacío lo llenan intereses ilegales, discursos simplistas o liderazgos sin anclaje institucional.
3. Inversión política: una idea correcta, pero incompleta
El artículo introduce un concepto clave que merece ser rescatado:
invertir en el país es también invertir en sus instituciones políticas.
Esto es incuestionable. No existe democracia funcional sin partidos fuertes, sin financiamiento limpio ni sin reglas claras que permitan competir sin depender de redes ilegales.
La evidencia internacional muestra que los sistemas con financiamiento regulado, transparente y supervisado tienden a tener:
- mayor estabilidad partidaria,
- menor captura criminal,
- y mejores incentivos para la rendición de cuentas (IDEA Internacional, 2014).
Hasta aquí, coincidimos.
El problema surge cuando el análisis se detiene ahí.
4. El límite del enfoque: cuando el dinero lo explica todo
El principal supuesto problemático del artículo es que sobredimensiona el rol del financiamiento y subestima otros factores estructurales igual o más determinantes.
El dinero es una condición necesaria.
Pero no es suficiente.
La crisis política peruana también está atravesada por:
- una profunda desconfianza social,
- una débil legitimidad territorial del Estado,
- liderazgos desconectados de la vida cotidiana de las personas,
- y una exclusión histórica de actores rurales, jóvenes, indígenas, afroperuanos y trabajadores informales.
Reducir el problema a un déficit de financiamiento es ignorar que la política no es solo un sistema de transacciones, sino un sistema vivo de relaciones sociales (Ostrom, 1990).
5. Vinculación sin personas: el riesgo de una política entre élites
Otro punto crítico es que el artículo habla de “vinculación” entre empresa y política, pero sin personas ni territorios.
Se propone:
- más financiamiento,
- más think tanks,
- más sincronía entre capital y Parlamento.
Pero casi no se menciona:
- a las comunidades,
- a los trabajadores,
- a los territorios donde el conflicto social se origina,
- ni a las relaciones de poder profundamente asimétricas que estructuran nuestra economía.
La política aparece como un acuerdo entre élites racionales que buscan estabilidad, no como un proceso de construcción colectiva de legitimidad.
La experiencia peruana demuestra que ese enfoque es frágil.
Cuando las personas no se sienten parte del sistema, la estabilidad es solo aparente. El conflicto reaparece.
6. Estabilidad no es sostenibilidad
El temor recurrente al “próximo outsider” o al “Pedro Castillo de la temporada” revela algo más profundo:
el establishment busca previsibilidad, no necesariamente justicia social ni desarrollo territorial.
Se asume que fortalecer el modelo económico bastará para contener el malestar.
La evidencia dice lo contrario.
Sin inclusión real, sin servicios públicos dignos, sin presencia estatal efectiva en los territorios, ningún modelo se sostiene, por más dinero que tenga detrás (PNUD, 2021).
La sostenibilidad política no se decreta ni se financia únicamente desde Lima.
Se construye desde abajo, con participación, reconocimiento y resultados concretos.
7. Lo que falta: territorio y personas al centro
Aquí es donde propongo ampliar el marco.
El verdadero problema no es solo que el empresariado no financie la política.
Es que la política no ha sido rediseñada como un espacio de construcción colectiva con los territorios.
En gran parte del país:
- la informalidad no es solo ilegalidad, sino supervivencia,
- la antipolítica no es apatía, sino decepción acumulada,
- y el conflicto no es ideológico, sino cotidiano.
Sin diseño territorial:
- no hay legitimidad,
- no hay vínculos de largo plazo,
- no hay desarrollo local real.
8. Conclusión: el dinero importa, pero la democracia se construye
El financiamiento privado transparente de la política es legítimo, necesario y urgente.
Sin él, no hay partidos fuertes ni instituciones sólidas.
Pero el dinero no construye confianza,
no repara vínculos rotos,
no sustituye la participación real,
ni reemplaza la centralidad de las personas.
Si el financiamiento no viene acompañado de:
- liderazgo ético,
- diseño territorial,
- inclusión social,
- y una visión de país compartida,
solo reproducirá una relación corta, defensiva y frágil entre empresa y política.
El desarrollo local y la estabilidad institucional no se compran: se construyen.
Referencias (selección)
- Acemoglu, D. & Robinson, J. (2012). Why Nations Fail. Crown Publishing.
- Levitsky, S. & Ziblatt, D. (2018). How Democracies Die. Crown Publishing.
- Mainwaring, S. & Torcal, M. (2006). Party system institutionalization and party system theory. Handbook of Party Politics.
- Norris, P. (2015). Political Finance and Political Reform. Harvard University.
- IDEA Internacional (2014). Financing Democracy.
- Ostrom, E. (1990). Governing the Commons. Cambridge University Press.
- PNUD (2021). La democracia en crisis: una visión desde América Latina.